El Grupo Sodercan concentra el 70% de las pérdidas en el sector público empresarial, que, en el período comprendido entre 2004 y 2011, ascendieron a 211 millones de euros.
Esta sociedad, dependiente de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, es la que suma más pérdidas, seguida del Palacio de Festivales y Cantur, y de la Sociedad Regional de Turismo o Santander Centro Abierto.
La reestructuración del sector público es uno de los objetivos del Gobierno del PP, que prepara un plan a tal efecto y que en estos presupuestos se plasma en una de las medidas de la conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la comunidad para 2012, que este viernes han superado el trámite de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.
En este pleno, en el que también se han rechazado las enmiendas contra la Ley de Acompañamiento, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha detallado que uno de los cambios afecta al Instituto Cántabro de Finanzas, que pasará de ser un “prestamista” a ser el agente financiero del sector público.
Ese era, ha recordado, el objetivo con que nació este ente, del que ha apuntado que la próxima semana se conocerá “a qué dedicaba el dinero”.
El ICAF ha elaborado un análisis y conclusiones de las cuentas de resultados de los entes públicos en el período 2004-2010, en el que, además de repasar los datos económicos y de personal, plantea algunos de los pasos que podrían darse en esta reestructuración.
Se considera “vital” reducir las pérdidas, para lo que apunta a tres métodos: aumentar los ingresos, recortar los gastos de personal o gestión y limitar la inversión privada de las empresas públicos a proyectos rentables, desde el punto de vista económico o social.
Lo que se persigue es una “reestructuración racional” del sector público, que abarque todas las fases, en un Plan en coordinación con las diferentes Consejerías.
29 de los 45 entes del sector público cántabro se crearon después de 2003 –cuando se produjo el cambio de gobierno por el acuerdo entre PSOE y PRC–, y en total, cuentan con 2.167 empleados, casi la mitad del personal que trabaja en la Administración.
Su cifra de negocio ascendió en 2010 a 227 millones de euros, de los que un 82% procede de la propia Administración,
“ALZHEIMER” Y “ZARANDAJAS”
Mazas ha defendido el resto de medidas incluidas en la Ley de Acompañamiento, como las rebajas fiscales a los emprendedores o al medio rural, los cambios en el impuesto sobre las bolsas de plástico, etc…
El recurso a esta ley para modificar otros textos legislativos ha hecho que el diputado socialista Miguel Ángel Palacio censurara el “alzheimer político” del Partido Popular, por criticar desde la oposición esta fórmula y llevarla a la práctica desde el Gobierno.
“Han perdido la memoria, han perdido los principios y han engañado a los ciudadanos. Han perdido la memoria, la coherencia y la sensatez”, ha aseverado Palacio, quien ha puntualizado que los cambios afectan a 21 leyes.
“Nadie se había atrevido a tanto”, ha apostillado, que ha criticado al PP por incumplir su programa electoral y ha recordado que el PP, en la oposición, se refería a la subida de tasas como un “atraco”.
A esto, la parlamentaria regionalista Alodia Blanco ha añadido la denuncia de que el Gobierno ha incumplido la Ley, al no incluir las memorias económicas y financieras y el informe preceptivo que dicta la ley para justificar los cambios en las tasas, como establecen, respectivamente, la Ley de Tasas y la de Régimen Jurídico.
“Da la sensación de que para este Gobierno las leyes de la Democracia son zarandajas”, ha sentenciado Blanco, que ha acusado al Ejecutivo que, junto al incumplimiento de la Ley, esté “despreciando” los derechos de diputados y ciudadanos.
El diputado del PP Luis Carlos Albalá ha respondido señalando que los informes no son necesarios cuando lo que se hace es “actualizar” las tarifas de tasas.
La parlamentaria ha criticado el “furor legislativo sin precedentes” de una Administración “cada vez más omnipotente”, de un PP al que “el Gobierno le ha quedado grande” y que quiere “colar de rondón” reformas “de calado”.
En cambio, el diputado del PP Luis Carlos Albalá ha acusado a socialistas y regionalistas de “adaptar la legislación de Cantabria a su manera de gobernar”. “¿Quieren que heredemos también eso?, ha inquirido, tras recordar las facturas “heredadas” por el PP de sus predecesores en el Gobierno.
Entre los cambios de “calado”, Alodia Blanco ha citado la “licencia para contaminar” que suponen los cambios en la Ley de Control Ambiental Integrado, y con los que se ha preguntado “a qué empresa quieren beneficiar”. Del mismo modo, considera que hay cambios fiscales –como los impuestos sobre el juego, en el que el tipo es menor en los bingos que en los casinos.– que parecen “a la carta”.
En respuesta a ambos, el diputado ‘popular’ Luis Carlos Albalá ha reprochado a socialistas y regionalistas que “han sido, son, siguen siendo y serán” los “artífices” de la situación de las arcas cántabras.
Ante las alusiones del PP a la mayoría absoluta con que se alzó en las pasadas elecciones autonómicas, la parlamentaria regionalista ha puntualizado que su partido subió en votos –en unos comicios en los que sus exsocios del PSOE bajaron–, por lo que “nuestra gestión, la de los regionalistas, no será tan mala”, porque “los ciudadanos, lejos de castigarnos, nos han votado más”.
Fuente: Europa Press